Del 6 al 18 de noviembre de 2022, los líderes mundiales se reunirán en Sharm El-Sheikh, Egipto, para la 27ª sesión de la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático. Alok Sharma, presidente de la COP26, entregará la presidencia al Dr. Sameh Shoukry de Egipto, nuevo presidente de la COP27. Egipto es un lugar idóneo para la COP27, ya que pone de manifiesto la desigualdad inherente al cambio climático: el continente africano es responsable de sólo el 3% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono y, sin embargo, está en primera línea de las crisis climática, energética y alimentaria del mundo.

¿Habrá amplitud de miras, compromiso y voluntad política para cumplir sus compromisos de aplicar el Acuerdo Climático de París para limitar el calentamiento global en 1,5 grados centígrados? Según el Presidente de la COP26, el objetivo de 1,5ºC está «con respiración asistida… su pulso es débil». En la COP26 los países acordaron centrarse en limitar el aumento de la temperatura global a 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales. Otro asunto pendiente de la COP26 es el compromiso de los países sobre la reducción de emisiones, que fue insuficiente para cumplir el objetivo. Por ello, los gobiernos acordaron volver este noviembre con compromisos mejorados.

La decisión tomada en Glasgow de reducir progresivamente los combustibles fósiles no se va a cumplir. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha creado una crisis energética, y muchos países están buscando más combustibles fósiles: el Reino Unido ha ofrecido 898 bloques del fondo marino británico para su exploración; Alemania ha vuelto, en menor medida y de forma temporal, a la generación de energía con carbón; Estados Unidos está bombeando más gas; las empresas francesas están contemplando el uso de petróleo en lugar de gas. El optimismo de la COP26 no es palpable en esta COP.

Entre Glasgow y Sharm El-Sheik, el mundo ha sido testigo de condiciones meteorológicas extremas: un tercio de Pakistán está inundado, Europa ha tenido el verano más caluroso de los últimos 500 años y los huracanes y tifones han arrasado e inundado muchas zonas del mundo. Las emisiones están en su punto más álgido. El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, advirtió a los participantes de la pre-COP que «estamos en una lucha a vida o muerte por nuestra propia seguridad, hoy, y nuestra supervivencia, mañana», y que no hay tiempo para señalar con el dedo o torcer el gesto. Por el contrario, es necesario que los países desarrollados y las economías emergentes lleguen a un compromiso.

Guterres afirmó que la COP27 es una prueba de fuego para los gobiernos: la seriedad con la que se toman la creciente carga climática en los países más vulnerables. Le gustaría que se tomasen decisiones sobre la cuestión de las pérdidas y los daños, más allá de la capacidad de adaptación de los países y del apoyo financiero a la acción climática. Además, el mundo necesita que los países desarrollados aclaren el cumplimiento de su promesa de 100.000 millones de dólares para apoyar la acción climática en los países en desarrollo. Si no se actúa, se perderá más confianza y habrá más cambio climático.

La COP27 tiene que aportar solidaridad y responsabilidad. Las naciones ricas deben mostrar su solidaridad abordando el sufrimiento y el dolor económico que recae desproporcionadamente en los países vulnerables y en las comunidades marginadas.

Adaptación: la reducción de las emisiones por sí sola no puede afectar al cambio climático, la adaptación al clima necesita mucho más apoyo para crear resiliencia. En la COP26 los países desarrollados se comprometieron a duplicar la financiación de la adaptación y en la COP27 deben mostrar cómo van a hacerlo, así como definir el Objetivo Global de Adaptación del Acuerdo de París y priorizar los proyectos de adaptación liderados por las comunidades locales.

Abordar las pérdidas y los daños: la crisis climática está teniendo un impacto devastador en las personas marginadas y vulnerables de todo el mundo. Las pérdidas y los daños están perjudicando los derechos humanos de las personas. Según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, «a medida que aumentan las temperaturas, los impactos de los fenómenos climáticos y meteorológicos extremos, incluidas las tormentas, supondrán un impacto social, económico y económico aún mayor. El cambio climático provocará importantes consecuencias sobre los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo, con una creciente pérdida de vidas, tierras, hogares e ingresos». Aunque la realidad actual justifica la urgencia, las pérdidas y los daños recibieron muy poca atención en la COP26. Sigue siendo un punto provisional en la agenda de negociación de la COP27. Abordar directamente las pérdidas y los daños y establecer un mecanismo de financiación será una medida central del éxito de la COP27.

Financiación del clima: Los países desarrollados se comprometieron en 2009 a proporcionar colectivamente 100.000 millones de dólares cada año, entre 2020 y 2025, en financiación del clima a los países vulnerables. Hasta ahora sólo han aportado 83.300 millones de dólares en 2020. En la COP27, los países desarrollados deben cumplir los compromisos adquiridos y establecer objetivos de financiación ambiciosos que aborden las necesidades de los países vulnerables en materia de mitigación, adaptación y pérdidas y daños a partir de 2025.

La COP27 es la COP de África, y debe abordar los retos climáticos de África. África tiene una «baja huella de carbono»: el continente emite sólo el 3% de las emisiones mundiales de CO2 y, sin embargo, las naciones africanas están entre las más expuestas al cambio climático, especialmente al agravamiento de las sequías e inundaciones. África también desempeña un papel clave en la captación de gases de efecto invernadero, por ejemplo en la cuenca del Congo, que alberga la segunda selva tropical más grande del mundo después del Amazonas. Según un informe de la ONU, más de 100 millones de personas extremadamente pobres de toda África están amenazadas por la aceleración del cambio climático. Los líderes africanos de 24 países, reunidos en septiembre de 2022, instan a «los países desarrollados a cumplir sus promesas en relación con la financiación del clima y el desarrollo, y a cumplir sus compromisos de duplicar la financiación de la adaptación, en particular para África». Estos líderes quieren «tener una hoja de ruta clara sobre cómo van a poner sobre la mesa los 100.000 millones de dólares anuales, cómo podemos hacer un seguimiento». No tenemos tiempo que perder y África es una de las regiones más vulnerables del mundo».

Transición justa a una energía limpia

Just Transition [Transición Justa] es un marco desarrollado por los movimientos sindicales para englobar una serie de intervenciones sociales necesarias para garantizar los derechos y los medios de vida de los trabajadores cuando las economías cambian a una producción sostenible, principalmente para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad. También significa «distribuir equitativamente los costes y beneficios de la acción climática, garantizando que el diálogo social y la participación de las partes interesadas se produzcan entre los trabajadores, los empresarios, los gobiernos, las comunidades y la sociedad civil».

La transición a una energía limpia puede crear puestos de trabajo, reducir la contaminación y mejorar la calidad de vida. Estas transiciones requieren nuevas políticas para proteger a los trabajadores y las comunidades que históricamente han dependido de los combustibles fósiles. La COP26 de Sudáfrica estableció alianzas para su transición energética limpia. Su ejemplo podría inspirar otras políticas e iniciativas de transición justa. Además, los países donantes deberían estar preparados para apoyar los esfuerzos de transición justa en otros países para dejar de depender de los combustibles fósiles.

Rendición de cuentas: En Glasgow, los gobiernos, las empresas, las ciudades y otras organizaciones hicieron impresionantes promesas de acción climática urgente. ¿Han progresado? La COP26 había pedido que se revisaran los objetivos de reducción de emisiones para 2030 para alinearlos con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura global en 1,5ºC. Hasta septiembre de 2022, sólo 15 países habían presentado nuevos planes de reducción de emisiones. Se supone que todos los países deben acudir a la COP27 con Contribuciones Determinadas por la Nación (CDN) más ambiciosas para 2030, respaldadas por financiación, políticas y planes que garanticen su plena aplicación.

También deben demostrar que han avanzado en las siguientes iniciativas:

• Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra: 145 países se comprometieron a revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030.
• Compromiso mundial sobre el metano: más de 100 países se han comprometido a reducir colectivamente las emisiones de metano en un 30% para 2030.
  Carrera de las Ciudades hacia el Cero: más de 1.000 ciudades han acordado reducir sus emisiones a cero para 2040 o antes.
• Alianza Financiera de Glasgow para el Net Zero: más de 500 empresas financieras que controlan más de 130 billones de dólares se comprometieron a lograr emisiones netas cero para 2050.

La COP27 y la participación de la sociedad civil

«No hay justicia climática sin un espacio cívico abierto», es la demanda de la sociedad civil, informa Human Rights Watch. Desde el golpe militar de 2013, las autoridades egipcias han atacado sistemáticamente a críticos y opositores pacíficos de todo el espectro político, lo que ha llevado al cierre del espacio cívico. El gobierno egipcio considera a quienes exponen las violaciones de los derechos humanos como una amenaza para la «seguridad nacional». Según las organizaciones nacionales de derechos humanos, decenas de miles de personas son detenidas arbitrariamente por motivos políticos.

La falta de espacio cívico ha sido corroborada por el comunicado de prensa del 7 de octubre de los Derechos Humanos de la ONU. Los relatores especiales de la ONU «están alarmados por las restricciones a la sociedad civil antes de la cumbre del clima». Han observado una oleada de restricciones gubernamentales a la participación de la sociedad civil en la COP27. Egipto ha sido testigo de años de persistente y sostenida represión contra la sociedad civil y contra los defensores de los derechos humanos, utilizando la seguridad como pretexto para socavar los legítimos derechos de la sociedad civil a participar en los asuntos públicos. Según los expertos, «los arrestos y las detenciones, la congelación de activos de las ONG y las restricciones de viaje contra los defensores de los derechos humanos han creado un clima de miedo para que las organizaciones de la sociedad civil egipcia participen de forma visible en la COP27».

Algunas de las preocupaciones de los activistas de la sociedad civil son la falta de información y de criterios de acreditación transparentes para las ONG egipcias, un aumento coordinado de los costos de las tarifas hoteleras, las restricciones indebidas a la libertad de reunión pacífica fuera de la sede de la COP27, los retrasos injustificados en la concesión de visados a quienes viajan desde el extranjero.

Es un hecho conocido que la sociedad civil, los pueblos indígenas, los defensores de los derechos humanos medioambientales, los sindicatos y los movimientos sociales de todo el mundo han trabajado durante décadas para hacer frente al cambio climático. Estos grupos y movimientos están comprometidos con la concienciación sobre los retos medioambientales, la defensa del derecho a un medio ambiente sano y que la justicia climática exige cambios sociales, económicos e institucionales. La justicia climática exige la participación plena y significativa de la sociedad civil, incluidos los grupos más marginados.

Teresa Kotturan SCN
Representante de la Federación de Hermanas de la Caridad ante la ONU