Gobernadores y legisladores estatales de EE.UU. están introduciendo leyes para impedir que los campus universitarios enseñen sobre el legado del racismo o la presencia de personas LGTBQ en nuestra comunidad. Algunas de estas nuevas «leyes mordaza» prohíben programas académicos, cursos o incluso lecturas de programas de estudios sobre estos temas. Otras restringen la formación de los campus en materia de sensibilidad cultural. Otras prohíben la contratación de responsables de Diversidad, igualdad e inclusión en los campus.

Las cuestiones sobre «qué pasaría si…» son sorprendentes. Algunas de estas leyes propuestas eliminarían parcial o totalmente la financiación estatal. Otras permiten a terceros —como estudiantes u organizaciones externas— demandar a los campus por daños y perjuicios. En los casos en que las autoridades estatales tengan voz en la elección del consejo o del presidente, se pone en peligro el empleo de esas personas.

Hasta la fecha, las leyes mordaza sólo han entrado en vigor en las universidades públicas. Los intentos de someter a las universidades privadas a estas leyes propuestas han fracasado en las legislaturas estatales. Sin embargo, se están produciendo nuevos ataques.

La Asociación de Colegios y Universidades Católicas (ACCU) está supervisando esta legislación en todo el país. Lo hacemos porque para las casi 200 universidades católicas del país está en juego algo más que la práctica tradicional de la libertad académica y las protecciones constitucionales en torno a la libertad de expresión. Para nosotros, se trata también de una cuestión de libertad religiosa.

La Doctrina Social de la Iglesia es un cuerpo de enseñanzas dentro de nuestra tradición de fe que se centra en las cuestiones de cómo debemos vivir juntos en este mundo. Al aplicar al orden social nuestra convicción religiosa central de un Dios amoroso y abnegado, la doctrina social católica reflexiona no sólo sobre cómo nos afectan a todos las estructuras sociales que creamos, sino también sobre lo que debemos hacer para que se respete la dignidad de cada persona. El Sínodo de los Obispos de 1971 lo dijo así: «La acción en favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo se nos presentan plenamente como una dimensión constitutiva de la predicación del Evangelio».

Se considera al papa León XIII como el iniciador de la enseñanza social católica moderna en su encíclica Rerum Norvarum, sobre el derecho de los trabajadores a organizarse. Desde entonces, los papas y las conferencias episcopales han publicado documentos de enseñanza sobre la estrategia nuclear, los sistemas económicos, los sistemas políticos, el racismo, el aborto, la trata de seres humanos, la inviolabilidad de las fronteras nacionales y, el más conocido en la actualidad, el clima en Laudato Si’ del papa Francisco.

Sin duda, no hay unanimidad entre los católicos, ni están a la vanguardia en estas cuestiones, pero el debate interno ayuda a que la enseñanza evolucione con el tiempo. Esto se observa incluso en las enseñanzas sobre el racismo y la homofobia, que actualmente son objeto de estas leyes mordaza. El apoyo de la Iglesia a la trata de esclavos, por ejemplo, fue rebatido por líderes eclesiásticos y estudiosos que se remontan a san Ambrosio, hasta que finalmente dio paso a la condena de León XIII y a la disculpa del papa san Juan Pablo II en 1985. Recientemente, el papa Francisco se sumó a la enseñanza de la Iglesia sobre las personas homosexuales cuando pidió que el mundo eliminara la designación de «delito» simplemente por identificarse como tal, diciendo que esta estructura social perpetuaba la violencia hacia estas personas. «No es la primera vez que hablo de la homosexualidad y de las personas homosexuales», escribió el papa, «y he querido aclarar que no es un delito, para subrayar que la criminalización no es ni buena ni justa.»

En las universidades católicas, la Doctrina Social de la Iglesia es un área activa de análisis intelectual y de vigoroso debate. Los académicos católicos escriben activamente sobre estos temas. Imparten cursos sobre ella. En muchas de nuestras instituciones, la doctrina social católica es la piedra de toque de las formas en que estructuramos nuestras organizaciones y entre los objetivos explícitos que establecemos para los resultados educativos de los estudiantes.

Al final, queremos que nuestros graduados hayan reflexionado continua y profundamente sobre las estructuras sociales en las que vivirán y trabajarán, y que lo hagan en diálogo con una tradición de fe que aporta una visión crítica. Prohibirnos debatir, programar o educar a nuestros estudiantes sobre estos temas en esta tradición social, o exigirnos que cambiemos las políticas y la formación de los empleados que creemos que apoyan la dignidad de cada persona humana, ahogaría los objetivos religiosos de las universidades católicas.

En efecto, el gobierno se inmiscuiría en nuestra actividad religiosa y elegiría por nosotros qué principios de nuestra fe podemos o no enseñar. Irónicamente, estas leyes mordaza limitarían nuestra libertad religiosa.

No soy teólogo ni constitucionalista, pero sé una cosa: los Fundadores de Estados Unidos pretendían que las organizaciones religiosas fueran libres de practicar su fe como consideraran oportuno. En caso de que se impongan estas nuevas leyes mordaza a nuestras instituciones, tenemos motivos para oponernos a ellas utilizando la propia Constitución. Para nosotros, se trata también de una cuestión de libertad religiosa.

P. Dennis Holtschneider, CM