Homelessness in Ukraine in Wartime: Assessment of the Situation and Public Attitudes [El sinhogarismo en Ucrania en tiempos de guerra: evaluación de la situación y de las actitudes de la población] es un importante estudio analítico realizado por Depaul Ukraine , en colaboración con el Grupo Sociológico «Rating» y el Instituto Mykhailo Ptoukha de Demografía y Calidad de Vida de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania . La investigación recibió el apoyo financiero de la Agencia Católica para el Desarrollo Internacional —Catholic Agency for Overseas Development— (CAFOD) . Depaul Ukraine forma parte del Grupo Depaul internacional y lleva casi dos décadas trabajando en Ucrania con personas que se encuentran en situación de sinhogarismo o corren el riesgo de perder su hogar.

El estudio combina varias modalidades complementarias de investigación, realizadas en abril de 2026. Incluye entrevistas presenciales a 1.090 personas usuarias de servicios de atención a personas sin hogar en Kyiv, Odesa, Járkiv y Leópolis ; una encuesta detallada a 250 personas en situación de sinhogarismo; entrevistas en profundidad con 10 representantes de organizaciones que prestan asistencia; y una encuesta telefónica representativa a escala nacional realizada a 1.200 adultos ucranianos. También emplea el marco europeo ETHOS Light , que reconoce que el sinhogarismo no consiste únicamente en vivir en la calle, sino también en alojarse en albergues, alojamientos temporales o viviendas no convencionales, o en permanecer provisionalmente con familiares o amigos por no disponer de un hogar seguro.

A partir de este amplio conjunto de datos, la siguiente serie explora doce dimensiones diferentes del sinhogarismo en la Ucrania en guerra: desde su magnitud, en gran medida oculta, y sus causas, hasta la salud, el empleo, los prejuicios sociales, las soluciones habitacionales y la necesidad de un cambio sistémico. En conjunto, los artículos pretenden hacer visibles a las personas que se encuentran detrás de las estadísticas y promover una respuesta informada, compasiva y eficaz.

Invitamos a todos los miembros de la Familia Vicenciana a conocer mejor la crisis del sinhogarismo creada y agravada por la guerra en Ucrania, a descubrir cómo están respondiendo las organizaciones vicencianas y a profundizar en las conclusiones de este estudio, ya sea a través de estos doce resúmenes o mediante la lectura del informe completo.

Puede leer o descargar el informe completo haciendo clic aquí (en inglés).

El sinhogarismo perjudica la salud, mientras que la mala salud dificulta salir del sinhogarismo. En Ucrania, la pérdida de los documentos de identidad puede estrechar aún más este círculo, bloqueando el acceso a la atención médica, las prestaciones sociales, el empleo y la vivienda precisamente cuando más los necesita una persona.

Cuando un problema cierra la puerta a la solución de otro

Para una persona en situación de sinhogarismo, la enfermedad rara vez constituye un problema aislado.

El dolor crónico puede impedirle trabajar. La movilidad reducida puede dificultar que llegue hasta un centro asistencial. Un problema de salud mental puede complicar los trámites administrativos. Sin empleo ni prestaciones, pagar un alquiler resulta imposible. Sin vivienda, recibir tratamiento, conservar los medicamentos, alimentarse con regularidad y recuperarse después de una operación se vuelve mucho más difícil.

La burocracia puede añadir entonces otro obstáculo. Una persona que ha perdido el pasaporte, el número de identificación fiscal, el certificado de pensión o la documentación que acredita su desplazamiento puede verse imposibilitada para acceder precisamente a los servicios que necesita para reconstruir una vida estable.

El informe El sinhogarismo en Ucrania en tiempos de guerra: evaluación de la situación y de las actitudes de la población describe esta situación como un círculo especialmente perjudicial. La mala salud puede contribuir al sinhogarismo; el sinhogarismo empeora la salud; y la falta de documentos puede impedir que la persona reciba ayuda para cualquiera de los dos problemas.

Lo que comienza con la pérdida de una cartera, un piso o un lugar de empadronamiento puede cerrar gradualmente las puertas al tratamiento médico, los ingresos, el empleo legal y una vivienda permanente.

La salud se deteriora cuando no se tiene hogar

Entre las 250 personas en situación de sinhogarismo que participaron en la encuesta detallada, el 59 % describió su estado de salud como malo o muy malo. El 36 % lo calificó de «más bien malo», mientras que el 23 % lo describió como «muy malo».

Solo el 35 % valoró positivamente su estado de salud.

Estos resultados reflejan las condiciones en las que deben sobrevivir las personas sin una vivienda permanente. Dormir al aire libre, en edificios abandonados o en alojamientos temporales masificados expone el cuerpo al frío, la humedad, el calor, la falta de higiene, una alimentación inadecuada y la interrupción del sueño.

Incluso los albergues que ofrecen seguridad pueden no estar preparados para atender a personas con problemas médicos graves. Las habitaciones compartidas y la accesibilidad limitada pueden resultar especialmente difíciles para alguien que se recupera de un ictus, tiene movilidad reducida o necesita ayuda para su cuidado personal.

Los problemas de salud también pueden permanecer sin tratamiento durante largos periodos. Una herida leve puede infectarse. Una enfermedad crónica controlable puede convertirse en una urgencia. Los medicamentos pueden perderse o ser robados, y seguir un tratamiento regular se vuelve difícil cuando la vida cotidiana se organiza en torno a la búsqueda de comida y de un lugar donde dormir.

Una vivienda no constituye por sí misma un tratamiento médico. Pero una vivienda estable crea las condiciones necesarias para que el tratamiento funcione.

Dolor, discapacidad y movilidad reducida

La encuesta revela una población con importantes necesidades físicas.

Las dificultades de movilidad afectaban al 58 % de los encuestados. El 30 % describió esas dificultades como graves. Eran especialmente frecuentes entre las personas con discapacidad, quienes habían estado en prisión, las personas mayores que vivían solas y los hombres.

El dolor o malestar persistente afectaba al 51 % de los participantes, y el 23 % lo describía como grave. Una de cada cinco personas afirmó tener dificultades para cuidar de sí misma, incluso para lavarse o vestirse.

Estas cifras tienen consecuencias prácticas.

Una persona con movilidad reducida puede ser incapaz de llegar hasta un comedor social, subir las escaleras de un albergue, esperar durante horas en una oficina pública o atravesar una ciudad para acudir a una cita médica. Alguien que no puede lavarse o vestirse sin ayuda puede ser juzgado por su aspecto descuidado, aunque ese aspecto sea el resultado visible de una discapacidad y de la falta de cuidados adecuados.

Los servicios suelen esperar que las personas recorran sistemas concebidos para quienes están sanos y pueden desplazarse con facilidad. Las solicitudes pueden exigir visitas a varias oficinas. Las consultas médicas pueden encontrarse lejos de los albergues. Los edificios pueden carecer de ascensores o baños accesibles.

Para una persona que sufre dolor, cada paso adicional puede convertirse en otro motivo por el que la ayuda continúa fuera de su alcance.

Quienes afrontan los mayores riesgos para la salud

La carga de la mala salud no se distribuye por igual.

Las personas con discapacidad representaban el 33 % de los encuestados en situación de sinhogarismo, mientras que las personas mayores que vivían solas constituían el 28 %. Ambos grupos manifestaban con frecuencia dificultades relacionadas con los documentos, la movilidad, el dolor y el acceso a la atención sanitaria.

Las mujeres valoraban su salud de manera más negativa que los hombres: el 69 % la describía como mala, frente al 54 % de los hombres. Las personas que no tenían a nadie en quien apoyarse también eran más propensas a afirmar que su salud era muy mala que aquellas que contaban con algún tipo de apoyo personal.

Las personas que habían estado en prisión parecían especialmente vulnerables. El 36 % calificaba su salud de muy mala y más de la mitad nunca había estado inscrita con un médico de cabecera.

Estas categorías suelen superponerse. Una mujer mayor puede ser también una persona desplazada internamente y tener una discapacidad. Un veterano puede vivir con una lesión grave y un trauma psicológico. Una persona que sale de prisión puede padecer una enfermedad crónica, carecer de documentación y no tener familiares dispuestos o capaces de ayudarla.

Una respuesta eficaz no puede tratar cada circunstancia de forma aislada. La vivienda, la salud, la discapacidad, los ingresos, la documentación y el apoyo personal deben abordarse conjuntamente.

Un acceso irregular a la atención médica

Solo el 54 % de los encuestados afirmó recibir siempre atención médica cuando la necesitaba.

Otro 20 % señaló que recibía asistencia algunas veces, mientras que el 25 % no obtenía, en términos generales, la ayuda que necesitaba.

El hecho de que algo más de la mitad reciba tratamiento con regularidad demuestra que los servicios médicos y sociales están llegando a muchas personas. Pero también significa que casi la mitad sufre interrupciones o graves carencias en la atención esencial.

El 64 % estaba inscrito en ese momento con un médico de cabecera, mientras que el 7 % había estado inscrito anteriormente, pero había perdido esa vinculación. El 28 % afirmó no haber estado nunca inscrito con un médico de atención primaria.

La inscripción era más frecuente entre las mujeres, los adultos de 60 años o más, las personas con discapacidad y los encuestados que tenían pareja. Por el contrario, el 52 % de quienes habían estado en prisión nunca había estado inscrito con un médico.

Sin embargo, estar inscrito formalmente no garantiza que la atención resulte accesible en la práctica. Una persona puede seguir careciendo de transporte, dinero para los medicamentos, ayuda para comprender las indicaciones o un lugar seguro donde recuperarse.

Los sistemas médicos suelen organizarse dando por supuesto que los pacientes poseen documentación, una dirección, un teléfono, ropa limpia y la posibilidad de regresar para acudir a las consultas de seguimiento. Las personas en situación de sinhogarismo pueden carecer de todo ello.

La casi inexistente red de protección psicológica

La crisis sanitaria identificada por el estudio no se limita al cuerpo.

El 38 % de los participantes manifestó sufrir problemas de salud mental, como ansiedad, depresión u otras afecciones. Sin embargo, el 77 % no había recibido asistencia psicológica profesional ni asesoramiento durante el año anterior.

Las personas desplazadas internamente, los veteranos, quienes han estado en prisión, las personas con discapacidad y quienes han perdido repentinamente sus hogares a causa de la guerra pueden estar viviendo múltiples formas de trauma.

Pueden haber sobrevivido a bombardeos, ocupaciones, la pérdida de seres queridos, migraciones forzosas, violencia, encarcelamientos o la destrucción de sus comunidades. El sinhogarismo añade entonces una nueva capa de estrés: el miedo a las agresiones, los robos, el rechazo, la enfermedad, el hambre y la incertidumbre sobre dónde se pasará la noche siguiente.

El sufrimiento psicológico puede reducir la capacidad de una persona para realizar trámites burocráticos, conservar un empleo, confiar en los proveedores de servicios o planificar más allá de la supervivencia inmediata. Al mismo tiempo, las instituciones pueden interpretar la confusión, el retraimiento, la ira o las citas a las que no se acude como pruebas de que la persona no está dispuesta a colaborar.

Esto puede crear otro círculo:

El trauma dificulta el acceso a la ayuda, y el fracaso reiterado al intentar conseguirla profundiza el trauma y la desconfianza.

Por tanto, el apoyo psicológico no debería considerarse un servicio opcional que solo se ofrece después de resolver la vivienda y la documentación. Puede ser esencial para hacer posibles esos otros pasos.

Cuando una persona existe, pero el sistema no puede verla

Un tercio de las personas encuestadas declaró tener problemas para obtener documentos esenciales.

El 37 % manifestó dificultades con el documento nacional de identidad, y el mismo porcentaje tenía problemas con su número de identificación fiscal. El 19 % afirmó tener dificultades para obtener un certificado de pensión, mientras que el 13 % tenía problemas con la documentación que acreditaba su condición de persona desplazada internamente.

Las personas mayores que vivían solas y las personas con discapacidad eran especialmente propensas a afrontar estos problemas. Entre los participantes desplazados, un tercio encontraba dificultades para obtener sus certificados de persona desplazada internamente.

Un documento puede parecer un simple papel o un registro en una base de datos. Sin embargo, en la práctica puede determinar si una persona puede:

• inscribirse con un médico;
• recibir tratamiento médico;
• obtener una pensión o prestación social;
• acceder a un empleo formal;
• utilizar servicios bancarios;
• acreditar una discapacidad o la condición de persona desplazada;
• alquilar una vivienda o incorporarse a un programa de vivienda social.

Sin documentación, una persona puede estar físicamente presente en una comunidad y, sin embargo, permanecer casi invisible desde el punto de vista administrativo.

Los expertos entrevistados para el informe identificaron la falta de documentos de identidad como uno de los obstáculos objetivos más importantes para la reintegración. Explicaron que recuperar la documentación está estrechamente relacionado con restablecer el acceso a la atención sanitaria, los servicios de empleo, las pensiones y otras formas básicas de apoyo.

Mucho más que un pasaporte perdido

Algunos problemas de documentación pueden resolverse con relativa rapidez. Otros se vuelven extraordinariamente complicados.

Una persona puede haber perdido sus documentos mientras huía de una localidad ocupada. Los registros pueden haber sido destruidos o haber quedado en territorios a los que las instituciones ucranianas no tienen acceso. Los testigos que podrían confirmar el lugar de residencia de la persona pueden haber muerto, haberse trasladado al extranjero o resultar imposibles de localizar.

Los expertos también describieron casos de personas que nunca obtuvieron un pasaporte ucraniano después de la disolución de la Unión Soviética o que en aquel momento vivían en otra antigua república soviética.

Para demostrar la ciudadanía ucraniana, pueden tener que acreditar dónde vivían hace más de tres décadas. Sin embargo, es posible que las relaciones diplomáticas, los archivos y la cooperación administrativa ya no estén disponibles. Los procedimientos judiciales pueden prolongarse durante años.

Uno de los expertos describió casos que continuaban sin resolverse después de cinco o seis años porque las autoridades carecían de mecanismos prácticos para confirmar o descartar la ciudadanía de una persona.

Durante ese tiempo, la persona continúa envejeciendo. Su salud empeora. El empleo sigue siendo informal o inaccesible. No puede recibir prestaciones. La vivienda permanente se aleja todavía más.

El problema deja de ser simplemente «la falta de unos papeles». Se convierte en una crisis de identidad jurídica con consecuencias para todos los ámbitos de la vida.

La paradoja burocrática

El informe pone de manifiesto una contradicción especialmente injusta.

Una persona puede necesitar atención médica, asistencia social o ingresos para alcanzar la estabilidad suficiente que le permita recuperar sus documentos. Sin embargo, el sistema puede exigirle que haya recuperado esos documentos antes de proporcionarle atención médica, asistencia social o ingresos.

Se trata de una clásica trampa burocrática:

Sin documentos no hay servicios. Sin servicios, existen pocas posibilidades de recuperar los documentos.

La dificultad se ve agravada por la cantidad de trámites necesarios. Una persona puede necesitar fotografías, pagar tasas administrativas, conseguir copias de registros, obtener representación jurídica, desplazarse, disponer de una dirección registrada o recibir una acreditación de otras instituciones.

Alguien que vive sin una vivienda segura puede no saber por dónde empezar. No puede recibir correspondencia de manera fiable. Pierde citas porque carece de transporte. Los papeles se mojan, se deterioran, se pierden o son robados.

La encuesta constató que el robo de pertenencias era la forma de victimización más habitual entre las personas en situación de sinhogarismo y había afectado al 38 % durante el año anterior. Los documentos guardados en una bolsa o en un abrigo pueden desaparecer junto con todo lo demás que posee la persona.

Recuperarlos vuelve a poner en marcha el mismo círculo.

El estigma institucional añade otro obstáculo

Los documentos no son los únicos obstáculos que encuentran las personas en los hospitales y las oficinas públicas.

Los expertos señalaron que a algunas personas sin hogar se les niega la asistencia, se las considera poco prioritarias o se las disuade de continuar una solicitud debido a su aspecto, su olor o sus dificultades para comprender el lenguaje burocrático.

Una persona que no ha tenido acceso a una ducha o a ropa limpia puede ser juzgada como descuidada o poco colaboradora. Alguien que no comprende la terminología administrativa puede ser tratado con impaciencia. Una persona que sufre ansiedad, dificultades cognitivas o un trauma puede ser incapaz de explicar una historia complicada de la forma que esperan los funcionarios.

La institución percibe entonces el comportamiento, pero no las circunstancias que lo han provocado.

Por este motivo, los trabajadores sociales y las organizaciones benéficas se convierten a menudo en intermediarios. Explican los procedimientos, acompañan a las personas a las citas, hablan con los funcionarios, recopilan pruebas y ayudan a garantizar que la persona no sea rechazada ante el primer obstáculo.

Este acompañamiento no es únicamente un apoyo emocional. En la práctica, puede marcar la diferencia entre recibir un pasaporte, una pensión o una revisión médica, o recibir una negativa.

Los expertos del informe subrayan que el estigma puede reducir la motivación para seguir enfrentándose a la burocracia. Las humillaciones reiteradas enseñan a las personas a esperar el rechazo. Con el tiempo, pueden dejar por completo de solicitar servicios.

Los albergues se están convirtiendo en centros asistenciales

Los expertos entrevistados durante la investigación observaron que las personas que llegan a los centros de atención necesitan cada vez más que comida y una cama.

Algunas requieren una importante atención médica, rehabilitación, ayuda para realizar las actividades cotidianas o cuidados paliativos. Sin embargo, los centros para personas en situación de sinhogarismo suelen carecer del personal, el equipamiento y las infraestructuras accesibles necesarios para proporcionar ese nivel de atención.

Un albergue general puede no tener personal de enfermería. Sus trabajadores pueden carecer de formación médica. Los baños pueden no estar adaptados para sillas de ruedas. Los residentes que se recuperan de un tratamiento hospitalario pueden necesitar una habitación tranquila, una dieta especializada, la administración de medicamentos o una supervisión periódica que el centro no puede ofrecer.

Esto coloca a las organizaciones en una situación imposible. No pueden atender con seguridad todas las necesidades médicas, pero dar de alta a la persona puede significar devolver a la calle a alguien gravemente enfermo.

A su vez, los hospitales pueden dar el alta a pacientes que no disponen de un lugar adecuado donde recuperarse. El marco más amplio de ETHOS reconoce como personas en riesgo de sinhogarismo a quienes abandonan una institución sin disponer de vivienda, aunque el estudio no pudo encuestar directamente a este grupo.

Por tanto, la transición entre el hospital y el albergue debe considerarse un momento crítico. Nadie debería recibir el alta médica para regresar a unas condiciones que probablemente anulen los efectos del tratamiento o pongan en riesgo su vida.

La guerra intensifica cada elemento de la trampa

La invasión a gran escala ha intensificado todos los vínculos entre el sinhogarismo, la salud y la documentación.

Han sido destruidas viviendas que contenían pasaportes, historiales médicos y documentos legales. Las personas han huido sin tiempo para recoger medicamentos o papeles. Las oficinas de las administraciones locales y los centros sanitarios han sido dañados o desplazados. Los archivos pueden permanecer en territorios ocupados.

Las heridas de guerra y los traumas psicológicos han incrementado las necesidades médicas. Al mismo tiempo, los sistemas sanitarios están sometidos a una presión extraordinaria a causa de las víctimas militares y civiles.

Las personas desplazadas deben orientarse por servicios desconocidos en nuevas comunidades. Los veteranos pueden regresar con lesiones físicas o síntomas postraumáticos mientras afrontan también conflictos familiares, desempleo o pérdida de la vivienda. Las personas mayores separadas de sus familiares pueden no tener a nadie que las ayude a acudir a consultas médicas o realizar trámites administrativos.

Por tanto, las organizaciones que trabajan con personas en situación de sinhogarismo deben responder a necesidades más graves y complejas con unos recursos que ya eran limitados antes de la invasión.

Lo que anteriormente podía ser un procedimiento administrativo difícil puede resultar casi imposible durante la guerra.

Los servicios deben comenzar antes de recuperar los documentos

Una de las recomendaciones más claras del informe es que el acceso a los servicios esenciales no debería aplazarse hasta que la documentación se haya recuperado por completo.

Propone cambios legales y normativos que permitan que las personas en situación de sinhogarismo reciban servicios sociales y médicos mientras continúa el proceso de recuperación de sus documentos.

Este principio es fundamental.

Una persona con neumonía no puede esperar meses para obtener un pasaporte. A alguien con una depresión grave no se le debería negar el asesoramiento psicológico porque le falta un documento. Una persona mayor no debería quedarse sin medicamentos ni ingresos mientras su ciudadanía se examina en los tribunales.

La documentación es necesaria para organizar un sistema público. Pero debería estar al servicio de la persona, en lugar de convertirse en una condición para reconocer su humanidad.

Entre las posibles soluciones prácticas se encuentran la gestión coordinada de los casos, los mecanismos temporales de identificación, la asistencia jurídica dentro de los albergues, los servicios médicos móviles, la cooperación entre los hospitales y las organizaciones de atención al sinhogarismo, y la designación de funcionarios formados para gestionar casos complejos.

Los alojamientos accesibles también son esenciales. Las personas con movilidad reducida necesitan albergues y viviendas permanentes en los que puedan desplazarse con seguridad y recibir una atención adecuada.

Acompañamiento a través del laberinto

El informe describe la reintegración como un proceso que incluye establecer una relación de confianza, identificar las necesidades individuales, recuperar los documentos, gestionar prestaciones, acceder al tratamiento, encontrar empleo y conseguir una vivienda permanente.

Estos pasos no siempre pueden completarse siguiendo un orden fijo. A menudo deben realizarse simultáneamente.

Un trabajador social puede iniciar la solicitud de un pasaporte mientras organiza también un tratamiento médico de emergencia. Un psicólogo puede ayudar a una persona a recuperar la confianza suficiente para acudir a las citas con la Administración. Un asesor jurídico puede resolver cuestiones relacionadas con la ciudadanía mientras un albergue proporciona estabilidad y un trabajador especializado busca una vivienda permanente.

Este enfoque integrado reconoce que las personas rara vez afrontan un único problema.

Depaul Ukraine ofrece alojamiento temporal, asistencia jurídica, servicios psicosociales y ayuda para acceder a una vivienda a más largo plazo. Su modelo refleja la necesidad de conectar la atención inmediata con el trabajo administrativo y social necesario para salir del sinhogarismo.

Recuperar un pasaporte puede parecer una tarea técnica. En realidad, puede restablecer el acceso de una persona a sus derechos, su historia, sus ingresos, la atención sanitaria y su lugar dentro de la sociedad.

La persona debe estar por encima de los papeles

Para la Familia Vicenciana, esta parte del informe remite a una convicción fundamental: la dignidad de una persona no depende de que posea los documentos correctos, tenga un aspecto presentable o comprenda el lenguaje de la burocracia.

El servicio vicenciano siempre se ha dirigido hacia las personas que las instituciones pasan por alto. Combina la ayuda inmediata con un acompañamiento paciente: permanecer junto a alguien durante procesos que pueden ser lentos, frustrantes y complejos.

Este acompañamiento resulta especialmente importante cuando la enfermedad y la falta de documentos se refuerzan mutuamente.

Una comida puede sostener a alguien durante un día. Una cama en un albergue puede ofrecerle seguridad durante una noche. La atención médica puede aliviar su dolor. La ayuda jurídica puede permitirle recuperar un documento de identidad. Una vivienda permanente puede crear finalmente la estabilidad necesaria para que todos estos esfuerzos perduren.

Ninguna de estas respuestas debería ofrecerse de manera aislada.

Una persona no debería tener que recuperar la salud antes de recibir una vivienda, obtener todos sus documentos antes de recibir tratamiento ni recorrer un sistema imposible sin alguien a su lado.

Romper esta trampa requiere instituciones dispuestas a coordinarse, leyes suficientemente flexibles para proteger a las personas durante los procesos de recuperación de documentación y comunidades capaces de ver al ser humano antes que al expediente.

En la Ucrania en guerra, recuperar la salud y restablecer la identidad jurídica no son aspectos secundarios de la respuesta al sinhogarismo. Son pasos esenciales para devolver a una persona la seguridad, la autonomía y un lugar al que pertenecer.