Un obispo desaparece… y luego reaparece en televisión

Durante más de seis semanas este verano, uno de los obispos católicos más conocidos de Nicaragua permaneció en una inquietante zona de incertidumbre entre las garantías oficiales y la falta de información independiente.

Mons. Juan Abelardo Mata Guevara, en 2020. Photo: Dann94 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Mons. Juan Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí, de 80 años, había celebrado misa el 28 de junio y pedido a los fieles que rezaran por lo que describió como la Iglesia perseguida en Nicaragua. Fue detenido al día siguiente. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los sacerdotes Rigoberto Delgadillo Sánchez y Francisco Morales y el diácono Wilfredo Arauz Rodríguez también fueron arrestados en relación con aquella celebración religiosa. Más tarde, el Ministerio del Interior de Nicaragua afirmó que Mata había sido interrogado y había regresado a su casa, pero durante semanas ni sus familiares ni fuentes eclesiales independientes pudieron verificar su paradero ni su estado.

La incertidumbre fue lo bastante grave como para que la Comisión Interamericana interviniera públicamente el 16 de julio y, posteriormente, solicitara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ampliara las medidas urgentes de protección. La Comisión señaló la edad y las condiciones de salud de Mata y situó su caso dentro de lo que describe como un patrón más amplio en Nicaragua de detenciones arbitrarias seguidas del ocultamiento del paradero de los detenidos.

Después, el 12 de agosto, Mata apareció en un reportaje emitido por un canal de televisión afín al Gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las imágenes lo mostraban caminando por la finca donde reside y hablando tranquilamente sobre la oración, la lectura, el trabajo intelectual, las tareas del campo y el cuidado de los animales. Lo que el reportaje no explicó resultó casi tan significativo: no aclaró qué había ocurrido durante sus detenciones, dónde había permanecido en las semanas intermedias, si había sido interrogado ni si seguía sometido a vigilancia o a restricciones de movimiento.

El Gobierno había afirmado previamente que Mata estaba siendo investigado por supuestas infracciones de la legislación nacional y por cuestiones relacionadas con propiedades y vínculos familiares que consideraba incompatibles con su condición clerical. Ese relato oficial debe ser recogido. Pero también debe señalarse la ausencia, durante más de cuarenta días, de un acceso independiente suficiente para verificar el estado del obispo, un hecho que motivó la intervención del sistema interamericano de derechos humanos.

Para un lector internacional poco familiarizado con Nicaragua, este episodio puede parecer un conflicto aislado entre un Gobierno y un obispo.

No lo es.

Es una pequeña ventana desde la que asomarse a una transformación mucho más profunda de todo un país.

De la revolución a la concentración del poder

Nicaragua es un país centroamericano de unos siete millones de habitantes, situado entre Honduras, al norte, y Costa Rica, al sur. Su historia política reciente sigue profundamente marcada por la Revolución Sandinista de 1979, que derrocó la dictadura de la familia Somoza. Daniel Ortega fue uno de los dirigentes revolucionarios, ejerció como presidente durante la década de 1980, perdió las elecciones de 1990 y regresó finalmente a la presidencia en 2007. Desde entonces no ha abandonado el poder.

Esta historia importa porque la Nicaragua actual no puede reducirse a una simple confrontación política entre izquierda y derecha. La Revolución Sandinista nació de una resistencia real frente a la dictadura, la desigualdad, la injerencia extranjera y la exclusión política. Muchos nicaragüenses que en su día apoyaron aquella revolución se convirtieron posteriormente en críticos del sistema político desarrollado bajo Ortega. Comprender esta diferencia es importante, especialmente para lectores de fuera de América Latina que pueden sentirse tentados a interpretar Nicaragua únicamente mediante categorías ideológicas heredadas de la Guerra Fría.

La ruptura decisiva llegó en 2018. Las protestas que comenzaron por una propuesta de reforma de la Seguridad Social se ampliaron hasta convertirse en un desafío mucho más amplio al Gobierno. La respuesta violenta del Estado dejó más de 300 muertos, según organizaciones de derechos humanos citadas por Reuters, y fue seguida de encarcelamientos, exilios, restricciones a la prensa, presiones sobre las universidades, cierre de organizaciones de la sociedad civil y una creciente represión contra instituciones religiosas.

Una multitud con banderas nicaragüenses azules y blancas llena la calle durante una manifestación celebrada en mayo de 2018. Foto: Jorge Mejía Peralta / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

El sistema político se fue cerrando cada vez más. Las elecciones presidenciales de 2021 tuvieron lugar después de que los principales candidatos de la oposición hubieran sido detenidos y la competencia política hubiera quedado severamente limitada. Más tarde, en enero de 2025, unas reformas constitucionales ampliaron drásticamente el poder del Ejecutivo, establecieron formalmente a Rosario Murillo como copresidenta junto a su esposo, aumentaron el control presidencial sobre otros poderes del Estado y sobre los medios de comunicación, y prolongaron el mandato presidencial. El sistema de derechos humanos de la ONU advirtió de que esos cambios debilitaban aún más el Estado de derecho y las libertades fundamentales.

Manifestación antigubernamental en Managua, 9 de mayo de 2018. Foto: El arzobispo / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Lo que durante años había sido una deriva autoritaria se hizo todavía más explícito en julio de 2026.

«Aquí no volverá a haber elecciones»

Daniel Ortega. Foto: Presidencia de la República Mexicana / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

El 19 de julio, durante la celebración del 47.º aniversario de la Revolución Sandinista, Ortega declaró que «no volverá a haber elecciones» por medio de las cuales sus adversarios pudieran intentar llegar al poder. La afirmación resultó especialmente llamativa porque hasta entonces se esperaban elecciones presidenciales en 2027.

Posteriormente, el Gobierno trató de dar una forma jurídica más estructurada a sus planes. Una reforma constitucional presentada a finales de julio propuso mandatos presidenciales de siete años «renovables» y restricciones constitucionales para impedir que personas calificadas por las autoridades como «traidores» o «golpistas» pudieran presentarse a cargos públicos. Los representantes gubernamentales han justificado estos cambios apelando a la estabilidad, la continuidad, la soberanía nacional y la protección frente a intentos respaldados desde el extranjero para desestabilizar el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ve el asunto de manera muy distinta. Considera que la reforma institucionalizaría la permanencia indefinida en el poder, limitaría la competencia política y eliminaría las condiciones necesarias para una alternancia democrática. La Comisión señaló que la propuesta estaba prevista para una primera votación el 1 de septiembre, lo que convierte el futuro de las elecciones en una cuestión especialmente relevante en el momento de publicación de este artículo.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha descrito el espacio cívico de Nicaragua como «prácticamente cerrado». En julio pidió a las autoridades que restablecieran las libertades políticas, permitieran a personas de distintas posiciones políticas votar y presentarse a cargos públicos y liberaran al menos a 46 personas que la ONU consideraba detenidas arbitrariamente por motivos políticos.

No se trata simplemente de discusiones sobre procedimientos electorales. Cuando los ciudadanos ya no pueden cambiar de manera efectiva a sus gobernantes, cuando los abogados independientes corren el riesgo de perder el derecho a ejercer, cuando los periodistas trabajan desde el exilio y cuando desaparecen las organizaciones cívicas, la población va perdiendo poco a poco las instituciones mediante las cuales puede defenderse frente al poder. En julio, expertos de la ONU describieron la retirada masiva de credenciales profesionales a abogados como una nueva etapa en el desmantelamiento de los contrapesos independientes al Estado.

Para los pobres, esto tiene una importancia enorme.

Cuando desaparece la sociedad civil, los pobres pierden mucho más que política

El autoritarismo se analiza a veces como si afectara principalmente a políticos, periodistas, abogados e intelectuales.

Es una interpretación peligrosa.

Desde el comienzo de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la Comisión Interamericana ha documentado el cierre de más de 5.000 organizaciones de la sociedad civil, incluidas más de 1.200 fundaciones religiosas. No todas eran grupos de oposición política. La sociedad civil incluye entidades que trabajan en educación, sanidad, agricultura, desarrollo comunitario, vida religiosa, derechos humanos, asistencia humanitaria y apoyo a personas vulnerables.

Cuando estas organizaciones desaparecen, un país no pierde únicamente pluralismo político. Una mujer puede perder la organización que la ayudaba a escapar de la violencia. Una comunidad rural puede perder asistencia técnica. Una persona con cáncer puede quedarse sin apoyo caritativo. Un joven puede perder una institución educativa. Una familia pobre puede quedarse sin la red que le proporcionaba alimentos, medicinas o asesoramiento jurídico.

Esta es una de las razones por las que la persecución de la Iglesia católica debe entenderse como algo más que un conflicto interno entre Iglesia y Estado.

Desde 2018, la CIDH ha documentado vigilancia, restricciones a la actividad religiosa, detenciones arbitrarias, expulsiones, confiscaciones de bienes, retirada de la nacionalidad, cierre forzoso de congregaciones y represalias contra obispos, sacerdotes, religiosos y laicos católicos. La Comisión considera que esta persecución forma parte del cierre más amplio del espacio cívico y democrático en Nicaragua.

La Iglesia se volvió especialmente vulnerable después de 2018 porque las iglesias dieron refugio a personas que huían de la violencia, miembros del clero hablaron públicamente sobre los derechos humanos y los obispos participaron en intentos de diálogo nacional. El conflicto no surgió porque los responsables católicos se convirtieran de repente en un partido político de oposición, sino porque la Iglesia conservó un cierto grado de independencia social en un momento en el que quedaban cada vez menos instituciones autónomas.

El propio obispo Mata ha encarnado durante años esa incómoda independencia. Mucho antes de su detención este verano, criticó las restricciones que afectaban a programas de Cáritas destinados a ayudar a nicaragüenses pobres, argumentando que la labor humanitaria no debía verse obstaculizada por el control político.

Para un lector vicenciano, esta conexión es especialmente importante. La libertad religiosa no es solo la libertad de celebrar misa. Es también la libertad de las comunidades de fe para acompañar a los pobres, organizar la ayuda, alzar la voz cuando se vulnera la dignidad humana y negarse a permitir que la caridad dependa de la obediencia política.

Homenaje a Angel Gahona periodista asesinado en Nicaragua. Foto: Jorge Mejía Peralta / Wikimedia Commons, CC BY 2.0.

Un país que no parece un Estado colapsado

Hay otra razón por la que Nicaragua puede desaparecer de la atención internacional: su crisis no se parece a las imágenes que solemos asociar con una catástrofe humanitaria.

No hay un campo de batalla nacional. Managua no está en ruinas. De hecho, la economía nicaragüense ha mostrado una considerable resistencia macroeconómica. En enero de 2026, el Fondo Monetario Internacional proyectó un crecimiento real del PIB de alrededor del 3,4 % para el año, citando la baja inflación, la estabilidad financiera, las exportaciones y los fuertes flujos de remesas. Al mismo tiempo, el FMI subrayó que un desarrollo sostenible a largo plazo exigiría una mejor gobernanza económica, una mejora significativa del Estado de derecho, una protección social más sólida y mayor transparencia y rendición de cuentas.

Esta aparente contradicción es importante. Un país puede registrar crecimiento económico y represión política al mismo tiempo. Las tiendas pueden seguir abiertas mientras los periodistas se marchan. Se pueden construir carreteras mientras se cierran organizaciones cívicas. Los indicadores macroeconómicos pueden mantenerse estables mientras las familias pierden silenciosamente a sus miembros a causa del exilio.

Las remesas ayudan a ilustrar esta paradoja. La economía de Nicaragua depende en gran medida del dinero enviado desde el extranjero por personas que viven fuera del país, mientras que la propia represión política ha contribuido a una enorme salida de nicaragüenses. A finales de 2025, ACNUR informó de que solo Costa Rica acogía a más de 207.000 personas necesitadas de protección internacional, el 85 % de ellas nicaragüenses, y advirtió expresamente de que esta crisis de desplazamiento estaba recibiendo una atención internacional insuficiente.

La contribución económica de quienes se marchan nunca debería hacernos olvidar por qué muchos se fueron.

La migración puede convertirse a la vez en un salvavidas y en una herida.

La Iglesia bajo presión

La detención del obispo Mata pertenece, por tanto, a una historia mucho más larga.

El Gobierno nicaragüense ha acusado repetidamente a responsables de la Iglesia de apoyar intentos de derrocarlo, mientras que sacerdotes católicos y organizaciones de derechos humanos han descrito las acciones gubernamentales como una persecución dirigida contra quienes denuncian abusos y ofrecen refugio o apoyo a las víctimas. A lo largo de los años, obispos y sacerdotes han sido detenidos, expulsados, impedidos de regresar al país, sometidos a vigilancia o forzados al exilio; organizaciones religiosas han sido cerradas y sus propiedades confiscadas.

El caso más conocido internacionalmente ha sido el del obispo Rolando Álvarez, de Matagalpa, encarcelado y posteriormente enviado al exilio en enero de 2024. Mons. Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, vive fuera de Nicaragua desde 2019 tras recibir amenazas contra su vida. Sus experiencias ayudan a entender por qué la desaparición de Mata en 2026 generó una alarma tan inmediata: ya existía un patrón bien establecido con el que interpretar su caso.

Pero también sería un error presentar a los católicos nicaragüenses simplemente como actores políticos enfrentados al Gobierno. El papel de la Iglesia incluye parroquias, culto, educación, caridad, acompañamiento, servicios sociales y la vida ordinaria de las comunidades. Las restricciones sobre esa presencia alcanzan a personas que quizá no tengan ninguna afiliación política.

Y es precisamente aquí donde una mirada vicenciana nos ayuda a ver con mayor claridad.

La Familia Vicenciana ya se pronunció

La situación de Nicaragua no es nueva para la Familia Vicenciana.

En julio de 2018, durante los primeros meses de la crisis nacional, la Red Internacional Vicenciana para la Justicia, la Paz y la Integridad de la Creación hizo pública una declaración de solidaridad con Nicaragua. Describía la violencia contra los manifestantes, expresaba solidaridad con la Iglesia perseguida y pedía el fin inmediato de la represión, el respeto de los derechos políticos, un amplio diálogo nacional, el debido proceso y la liberación de los presos políticos.

La declaración concluía con otra idea muy vicenciana: pedía a los miembros de la Familia que se mantuvieran informados sobre lo que estaba ocurriendo y transmitieran información para que los representantes vicencianos pudieran alzar su voz en foros como las Naciones Unidas.

Comunicado de Solidaridad con Nicaragua, Venezuela y los Migrantes en los Estados Unidos

Ocho años después, resulta difícil leer aquellas demandas sin advertir hasta qué punto siguen siendo actuales.

No he encontrado una declaración vicenciana reciente de alcance comparable que se refiera específicamente a la detención del obispo Mata en 2026. Esto no debería interpretarse automáticamente como indiferencia. En un país donde las instituciones religiosas y las personas pueden sufrir vigilancia y represalias, las declaraciones públicas de quienes permanecen dentro de Nicaragua pueden tener consecuencias que quienes hablamos desde la seguridad del extranjero no soportamos.

Hay, sin embargo, otros signos de acompañamiento vicenciano. En 2024, una parroquia vicenciana de Los Ángeles acogió una gran celebración eucarística para nicaragüenses en el exilio junto a responsables de la Iglesia perseguidos. El sacerdote vicenciano responsable de la parroquia —cuyo nombre no es necesario repetir aquí— describió la vocación de la iglesia como la de ofrecer un hogar a personas pobres e inmigrantes, mientras que el encuentro se convirtió en un lugar donde los nicaragüenses exiliados podían rezar públicamente por personas que no podían expresar con seguridad las mismas preocupaciones en su país.

Esto puede parecer pequeño frente a reformas constitucionales y prisiones políticas.

No lo es.

Ofrecer un lugar en el que las personas desplazadas puedan sentirse parte de una comunidad, preservar la memoria, acompañar a las víctimas, escuchar a los exiliados y negarse a permitir que el sufrimiento desaparezca de la conciencia pública son actos profundamente vicencianos.

La comunidad internacional no guarda silencio, pero ¿es eficaz?

Sería inexacto afirmar que el mundo no ha dicho nada sobre Nicaragua.

El sistema de derechos humanos de la ONU ha documentado repetidamente abusos. La Comisión Interamericana ha emitido condenas y medidas de protección. La Organización de los Estados Americanos ha debatido la crisis. Estados Unidos ha impuesto sanciones y, después de las declaraciones de Ortega sobre las elecciones en julio, pidió aumentar la presión internacional. La Unión Europea también ha condenado el deterioro de la democracia y reafirmado su apoyo a los derechos del pueblo nicaragüense.

Y, sin embargo, la trayectoria política ha continuado.

Lo que debería preocuparnos es precisamente esa distancia entre la condena y sus efectos.

También es aquí donde las acusaciones de hipocresía internacional merecen un examen cuidadoso. Los gobiernos suelen mostrarse mucho más firmes en materia de derechos humanos cuando sus intereses geopolíticos coinciden con el lenguaje moral, y mucho más prudentes cuando consideraciones económicas, migratorias, diplomáticas o estratégicas hacen inconveniente la confrontación. Nicaragua no es el único país que pone en evidencia esta incoherencia.

Pero la firmeza no exige imprudencia.

Un castigo económico generalizado puede golpear con mayor dureza a quienes menos responsabilidad tienen en la represión. El propio FMI advierte de que unas sanciones más amplias podrían perjudicar el crecimiento económico, mientras que la dependencia del país de las remesas y la migración hace especialmente relevantes las consecuencias sociales de cualquier shock económico. Una respuesta centrada en la dignidad humana debería, por tanto, distinguir entre la rendición de cuentas dirigida a los responsables de los abusos y aquellas medidas que simplemente aumentan el sufrimiento de los nicaragüenses de a pie.

Una mirada vicenciana no puede conformarse con hacer que los pobres paguen por los pecados de quienes los gobiernan.

La presión internacional debería buscar el restablecimiento de las libertades fundamentales y la rendición de cuentas, al mismo tiempo que protege a los refugiados, apoya a la sociedad civil independiente, defiende el espacio humanitario y religioso y evita que las familias pobres se conviertan en daños colaterales de una disputa geopolítica.

Negarnos a acostumbrarnos

Quizá el mayor peligro que afronta Nicaragua no sea que nadie sepa lo que está ocurriendo.

Se sabe lo suficiente.

El peligro es que el mundo se acostumbre.

Nos acostumbramos a otro periodista que se exilia. A otra organización que cierra. A otro sacerdote detenido. A otro opositor privado de la nacionalidad. A otra familia que se marcha a Costa Rica. A otra reforma constitucional que concentra el poder. A otro comunicado internacional que expresa preocupación.

Con el tiempo, la represión se convierte en ruido de fondo.

Por eso, el caso del obispo Abelardo Mata importa incluso más allá de la Iglesia.

Durante semanas, no fue posible determinar de manera independiente el paradero de un hombre de 80 años después de haber sido detenido por las autoridades. Después apareció en una televisión afín al Gobierno, vivo y aparentemente sereno, mientras las preguntas sobre lo que le había ocurrido seguían sin respuesta.

Sin duda debemos sentir alivio al saber que ha sido visto.

Pero no deberíamos permitir que ese alivio borre las preguntas.

Una sociedad regida por el Estado de derecho no debería necesitar presión internacional simplemente para determinar dónde se encuentra un obispo detenido.

Más allá de los titulares

Es posible que Nicaragua no ocupe las portadas estas próximas semanas.

Otras guerras serán mayores. Otras catástrofes humanitarias ofrecerán imágenes más dramáticas. Otras crisis políticas afectarán a países con mayor peso militar, económico o estratégico.

Pero la dignidad humana no se mide por la importancia geopolítica.

Un preso político en Managua tiene la misma dignidad que un preso cuyo nombre aparece cada noche en la televisión internacional. Una familia obligada al exilio merece la misma atención tanto si cruza una frontera seguida por las cámaras como si se marcha discretamente con dos maletas. Una comunidad pobre que pierde una organización social independiente pierde algo real, aunque no haya ningún corresponsal internacional presente para documentarlo.

La tradición vicenciana nos pide mirar precisamente allí donde el mundo siente la tentación de no mirar.

Nos pide fijarnos en quién ha sido silenciado.

Escuchar a quienes han sido obligados a marcharse.

Proteger el espacio en el que los pobres puedan hablar por sí mismos.

Negarnos a aceptar la cómoda creencia de que la caridad puede florecer indefinidamente allí donde la libertad, la verdad, la asociación y la dignidad humana se debilitan de manera sistemática.

Y también nos pide ser prudentes con nuestras propias palabras. No deberíamos convertir el sufrimiento de Nicaragua en propaganda partidista, ni imaginar que un Gobierno extranjero o un bloque ideológico poseen toda la virtud. Los derechos humanos no son de izquierdas ni de derechas. La libertad de conciencia no pertenece a ningún partido político. El derecho a elegir a los propios gobernantes no es un favor concedido por quienes están actualmente en el poder.

Todo ello forma parte de la dignidad de la persona humana.

La comunidad internacional dispone de mecanismos: diplomacia, medidas selectivas de rendición de cuentas, vigilancia de los derechos humanos, apoyo a los refugiados, protección de la sociedad civil, asistencia humanitaria e insistencia constante en las libertades democráticas. La coherencia con la que se utilicen estas herramientas pone a prueba no solo a los gobiernos, sino también la credibilidad del propio orden internacional.

Para la Familia Vicenciana existe además un trabajo más cercano. Podemos escuchar a los nicaragüenses que viven en el exilio. Podemos apoyar los ministerios que acompañan a migrantes y refugiados. Podemos mantener visibles a los presos políticos y a las comunidades perseguidas. Podemos defender la capacidad de la Iglesia para servir sin convertirse en instrumento del poder político. Y allí donde los vicencianos siguen trabajando dentro de Nicaragua, podemos respetar la prudencia que se exige a quienes deben vivir con las consecuencias de cada palabra pública.

Sobre todo, podemos negarnos a mirar hacia otro lado.

Porque cuando una sociedad pierde gradualmente las instituciones que protegen la libertad, las primeras personas que descubren hasta qué punto eran importantes esas protecciones suelen ser quienes tienen menos dinero, menos contactos y ningún otro lugar adonde ir.

Son precisamente las personas a las que san Vicente nos enseñó a ver.

Javier F. Chento.