El representante de la Sociedad de San Vicente de Paúl, Valdir Aparecido Alves, expuso ante la Comisión de Derechos Humanos los aspectos negativos del proyecto que pretende modificar el funcionamiento de las residencias de mayores.

El 25 de junio, la Comisión de Derechos Humanos del Senado se reunió con diversas entidades para debatir el Proyecto de Ley 411/2024, que pretende establecer nuevas directrices, responsabilidades y normas de funcionamiento para las Instituciones de Larga Estancia para Personas Mayores (ILPI) en Brasil, conocidas entre nosotros como residencias u Obras Unidas. La senadora Damares Alves, ponente del proyecto en la Comisión, convocó a las entidades para participar en el debate. Valdir Aparecido Alves, miembro del Denor —Departamento de Normativización y Orientación—, representó a la SSVP en la sesión, formando parte de la mesa y defendiendo el punto de vista de la organización.

La propuesta para modificar el funcionamiento de las ILPI ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y se encuentra ahora en debate en el Senado. Ha sido duramente cuestionada, especialmente por las entidades del sector, ya que el aumento excesivo de las exigencias estructurales y económicas —como las estrictas disposiciones sobre salubridad y la adquisición de medicamentos— podría poner en peligro la atención prestada y provocar el cierre de centros.

En este sentido intervino Valdir, poniendo de relieve toda la experiencia de la SSVP Brasil, que actualmente cuenta con 476 ILPI en funcionamiento, en las que se atiende a cerca de 19.000 personas mayores en distintas regiones del país.

Valdir explica uno de los aspectos más complicados del proyecto de ley presentado. En la actualidad, una persona mayor que necesita cuidados sanitarios permanentes no puede ser ingresada en centros asistenciales como las ILPI —residencias de mayores— de la SSVP, pero esta norma cambiaría con la ley propuesta.

«Según el proyecto, la atención sanitaria pasa a ser responsabilidad de las ILPI, lo que modifica por completo su función y las obligaría a atender a la persona mayor que actualmente es derivada a un hospital o a una clínica geriátrica, donde puede contar con profesionales capacitados, habilitados y cualificados para cuidarla», explica.

Según Valdir, el proyecto es inconstitucional, ya que la Constitución Federal establece que la salud es responsabilidad del Estado.

«Si esta propuesta se aprueba, se retira una responsabilidad al Estado y se nos transfiere a nosotros, las ILPI, que apenas estamos consiguiendo desarrollar nuestra labor social, que es nuestra misión. Nuestra misión está perfectamente definida en nuestros estatutos y también en la misión de la Sociedad de San Vicente de Paúl en Brasil. Somos una entidad de asistencia social, no sanitaria. Una Institución de Larga Estancia para Personas Mayores no es una clínica geriátrica», sostiene.

Resultados

Durante la audiencia, la senadora Damares se mostró sensible a las intervenciones de los representantes de las entidades y comprendió que el proyecto, en su redacción actual, resulta perjudicial para las Instituciones de Larga Estancia.

«Quiere presentar una enmienda para adaptar el proyecto a la realidad de las entidades. Para ello, hemos creado un grupo de trabajo, en el que también participa el equipo asesor de la senadora, con el fin de elaborar un proyecto que responda a las necesidades de nuestras residencias», explica Valdir.

Además de Valdir, participa en el grupo de trabajo en representación de la SSVP el coordinador nacional del Denor, Ivaldo de Moura Evangelista.

«La idea es que este grupo elabore una propuesta, una enmienda a este proyecto de ley, para que la senadora Damares convoque posteriormente una nueva consulta pública», explica.

La voz de las organizaciones que trabajan con las ILPI fue realmente escuchada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Pocos días después de la consulta, la Ponencia comunicó a los participantes que había llegado a la conclusión de que el asunto requería un análisis más profundo antes de presentar un dictamen definitivo, dada la complejidad de las repercusiones jurídicas, sociales, asistenciales, normativas y económicas implicadas.

En este contexto, se acordaron las siguientes actuaciones: solicitar un nuevo pronunciamiento de la Consultoría Legislativa; realizar un estudio estratégico de las propuestas legislativas relacionadas; profundizar en las cuestiones que se revelaron fundamentales durante la audiencia pública, especialmente las relacionadas con la financiación y la sostenibilidad de las ILPI, la normativa sanitaria, la integración entre el Sistema Único de Salud —SUS— y el Sistema Único de Asistencia Social —SUAS— y la política nacional de cuidados de larga duración; y ampliar el debate en el seno del Frente Parlamentario Mixto en Defensa de las Personas Mayores.

Según la Ponencia, el objetivo es garantizar que su futuro pronunciamiento se apoye en el diálogo técnico más amplio posible y refleje soluciones legislativas viables, jurídicamente seguras y compatibles con los retos derivados del envejecimiento de la población brasileña.

«Nuestra gran victoria fue conseguir frenar el texto original del proyecto y abrir un espacio de diálogo con la senadora para poder exponer nuestra opinión. Nosotros estamos trabajando sobre el terreno, acogiendo a personas mayores en nuestras residencias de distintos estados de Brasil, y considero de extrema importancia que hayamos podido expresarnos y, sobre todo, que se haya escuchado nuestra petición para que el proyecto no se sometiera a votación tal como fue redactado y aprobado por los diputados», valoró.

Escrito por Marina Prado
Fuente: https://www.ssvpbrasil.org.br/