El Consejo Nacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP) de Australia se suma a las organizaciones católicas y de defensa de los refugiados que condenan el acuerdo secreto del Gobierno de Albanese con Nauru y el injusto Home Affairs Legislation Amendment (2025 Measures No. 1) Bill 2025 [Proyecto de ley de modificación de la legislación en materia de asuntos internos (Medidas n.º 1 de 2025) de 2025], que se aprobó de forma precipitada en el Parlamento el 4 de septiembre.

“Estas medidas representan un vergonzoso retroceso respecto a los principios de justicia, compasión y dignidad humana hacia migrantes y refugiados que Australia debe defender”, declaró el presidente nacional de la SSVP, Mark Gaetani.

“La aprobación de este proyecto de ley elimina garantías legales, en particular el derecho a la justicia natural y a la equidad procesal para quienes se enfrentan a la deportación”, añadió.

“El proyecto de ley permite deportaciones masivas a Nauru en virtud de un acuerdo financiero secreto, cerrado sin transparencia ni un verdadero escrutinio parlamentario. Informes procedentes de una acelerada audiencia en el Senado sugieren que este acuerdo podría costar a los contribuyentes australianos hasta 7.000 millones de dólares, sin límite en el número de personas ni claridad sobre el destino del dinero público”.

Estos cambios despojan a refugiados y migrantes de sus protecciones, facilitando la deportación a Nauru sin transparencia adecuada ni garantías legales. La legislación puede ir más allá de los afectados por la decisión NZYQ [un fallo histórico del Tribunal Superior de Australia en 2023 que declaró inconstitucional la detención indefinida de inmigrantes en Australia, particularmente para aquellos que, como el solicitante de asilo NZYQ, no podían ser deportados a ningún país], alcanzando potencialmente a cualquiera de las 75.000 personas que viven en Australia sin visado, así como a varios miles de personas a las que podrían cancelar sus visados puente [visas temporales que permiten a una persona permanecer legalmente en un país mientras se resuelve su situación de inmigración].

“Como organización, la Sociedad siempre ha estado al lado de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, ofreciendo ayuda de emergencia y defendiendo un trato justo”, señaló Gaetani.

“Creemos que toda persona merece dignidad, compasión y justicia, independientemente de la forma en que haya llegado a Australia. La nueva legislación elimina derechos legales básicos, incluida la posibilidad de audiencias justas para quienes afrontan deportación. Familias, incluidos niños y miembros de la comunidad con larga residencia, se enfrentan ahora a la amenaza de ser deportados sin opciones seguras ni la oportunidad de recurrir estas decisiones”.

El proceso de toma de decisiones sobre deportaciones queda ahora completamente en manos de ministros del Gobierno, sin transparencia ni supervisión adecuada. Esto podría derivar en separaciones familiares y detenciones indefinidas, en contra de los principios de justicia y compasión que sustentan la sociedad australiana.

Junto con otras organizaciones católicas y de apoyo a los refugiados, la Sociedad de San Vicente de Paúl —una de las mayores entidades benéficas de Australia— pide al Gobierno que reconsidere estos duros cambios, consulte con expertos legales, servicios sociales y comunidades afectadas, y garantice que el sistema australiano refleje equidad y humanidad.

La SSVP mantiene su compromiso de apoyar a refugiados y solicitantes de asilo y seguirá defendiendo políticas que salvaguarden la justicia y la compasión para todas las personas que buscan seguridad en Australia.

Más información sobre nuestra labor de incidencia está disponible en nuestra página web: vinnies.org.au/national-council/advocacy/refugees-and-people-seeking-asylum

La Sociedad de San Vicente de Paúl en Australia cuenta con 45.000 miembros y voluntarios que actúan sobre el terreno a través de más de 1.000 grupos distribuidos en comunidades locales de todo el país. 

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Fuente: https://www.vinnies.org.au/