En las últimas semanas, Panamá ha sido testigo de un profundo clamor de los pueblos indígenas, que se han alzado en defensa de sus territorios, sus derechos y su dignidad frente a decisiones gubernamentales que amenazan gravemente su forma de vida. La reactivación del debate sobre el proyecto minero Cobre Panamá —una de las minas a cielo abierto más grandes de Centroamérica— ha desencadenado protestas masivas, especialmente por parte de comunidades como los Ngäbe-Buglé, Guna, Emberá y Wounaan, quienes denuncian la violación del derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como un patrón sistemático de exclusión histórica.

Frente a estas expresiones legítimas de resistencia pacífica, la respuesta del Estado panameño ha sido marcadamente represiva. Diversos informes denuncian el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, militarización de territorios indígenas y la implementación de operativos como la “Operación Omega”, que ha suspendido derechos constitucionales en zonas con mayoría indígena. Las comunidades han documentado agresiones dentro de escuelas, hogares e iglesias, además de un creciente hostigamiento contra líderes y defensores de derechos humanos.

A raíz de esta crisis, el Congreso General Guna, por ejemplo, ha roto relaciones con el gobierno panameño, denunciando su negativa al diálogo y su indiferencia ante los reclamos de las comunidades. En medio de esta situación de dolor, resistencia y búsqueda de justicia, la Confraternidad Indígena Vicentina se une a la voz de los pueblos originarios, reafirmando su compromiso con el Evangelio de la justicia y la paz, y con la opción preferencial por los pobres.

A continuación, compartimos la declaración pública de la Confraternidad Indígena Vicentina como expresión de solidaridad activa, denuncia profética y llamado al respeto de la dignidad de los pueblos indígenas de Panamá.

Un llamado a la justicia y la dignidad:
La Confraternidad Indígena Vicentina se solidariza con los pueblos indígenas de Panamá

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la Buena Nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.» (Lucas 4,18)

A todas las personas de buena voluntad y a las autoridades de la República de Panamá:

Nosotros, la Confraternidad Indígena Vicentina, observamos con profundo dolor y grave preocupación la escalada de actos de opresión y violencia contra nuestros hermanos y hermanas indígenas en toda la nación.

En los últimos meses, particularmente durante los meses de mayo y junio del presente año, hemos sido testigos de un preocupante patrón de represión que atenta gravemente contra los derechos humanos fundamentales y la dignidad inherente de las comunidades Ngäbe, Buglé, Guna, Emberá, Wounaan y otras comunidades indígenas. Los informes de fuentes fidedignas, incluidas organizaciones de derechos humanos y testimonios directos de las comunidades afectadas, dibujan un panorama desolador de una situación que exige atención e intervención urgentes.

Estamos profundamente preocupados por:

• Uso excesivo de la fuerza y militarización: Condenamos el uso desproporcionado y a menudo brutal de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado, incluida la Policía Nacional y el Senafront, contra manifestantes pacíficos y comunidades indígenas. El despliegue de gases lacrimógenos dentro de viviendas, escuelas e incluso iglesias, el uso de perdigones, palizas y detenciones arbitrarias, como se ha documentado en zonas como la Comarca Ngäbe-Buglé (Ojo de Agua, El Piro Trinidad, Viguí, Tolé, El Prado, San Félix, Horconcito) y la provincia de Darién (Arimae), son inaceptables y constituyen graves violaciones de los derechos humanos. La declaración de la “Operación Omega” y la suspensión de los derechos constitucionales en Bocas del Toro, donde la población es mayoritariamente indígena, es motivo de grave preocupación. La restricción de derechos como la libertad de reunión y de circulación, unida al aumento de los poderes policiales y a los informes sobre detenciones masivas y posibles violaciones de las garantías procesales, corre el riesgo de agravar las tensiones y sofocar la disidencia legítima.
• Criminalización de la protesta social y el liderazgo indígena: Denunciamos los esfuerzos sistemáticos para criminalizar la protesta social legítima y perseguir a los líderes indígenas y defensores de los derechos humanos. Las detenciones ilegales, el hostigamiento y las tácticas de intimidación dirigidas a silenciar las voces de quienes defienden sus tierras ancestrales, culturas y medios de vida son una afrenta a los principios democráticos y al derecho a la libre expresión y reunión.
• Desconocimiento de la Consulta Previa y los Derechos Indígenas: El continuo impulso de políticas y proyectos, como la nueva Ley 462 de seguridad social y los persistentes intentos de reactivar el proyecto minero Cobre Panamá (a pesar de su inconstitucionalidad), sin el consentimiento genuino, libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas, demuestra una profunda falta de respeto por sus derechos colectivos. El propio marco jurídico panameño, así como instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, obligan al Estado a defender estos principios.
• Impacto en las poblaciones vulnerables: Rechazamos el uso de la violencia, los saqueos y el vandalismo por parte de un grupo relativamente pequeño de manifestantes como acciones inaceptables, ya que debilitan los objetivos legítimos de la protesta pacífica e infligen daños a las comunidades humildes. La violencia y la inestabilidad impulsas por las acciones del gobierno afectan de forma desproporcionada a los más vulnerables, como mujeres, niños y ancianos, que soportan el peso del desplazamiento forzoso, la falta de acceso a servicios esenciales y el trauma psicológico de vivir bajo amenaza constante.

Afirmamos la dignidad sagrada de toda persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. Nuestra solidaridad con las comunidades indígenas hunde sus raíces en la llamada del Evangelio a la justicia, la paz y la opción preferencial por los pobres y marginados. La verdadera estabilidad no proviene de la represión, sino de abordar las causas profundas del malestar público mediante el diálogo y el respeto de los principios democráticos.

Por lo tanto, hacemos un llamamiento urgente y ferviente al Gobierno de Panamá:

• Cese inmediatamente toda forma de represión y uso excesivo de la fuerza contra las comunidades indígenas y manifestantes pacíficos.
• Libere a todos los líderes y activistas indígenas detenidos arbitrariamente y garantice el debido proceso a todos los ciudadanos.
• Inicie un diálogo genuino y respetuoso con las autoridades y organizaciones indígenas, garantizando su participación plena y efectiva en las decisiones que afectan a sus territorios y sus vidas.
• Respete y hacer cumplir los marcos jurídicos nacionales e internacionales que protegen los derechos de los indígenas, incluido el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
• Investigue exhaustiva e imparcialmente todos los abusos denunciados y exigir responsabilidades a sus autores.
• De prioridad al bienestar y al desarrollo integral de los pueblos indígenas, respetando sus culturas, tradiciones y tierras ancestrales únicas.

Llamamos a todos los hombres y mujeres de fe, y en particular a los miembros de la Familia Vicentina, a solidarizarse con nuestros hermanos y hermanas indígenas, a orar por la justicia y la paz, y a abogar por el respeto de la dignidad humana y los derechos de todos. Que el Señor nos guíe hacia un camino de verdadera reconciliación, justicia y convivencia armónica.

30 de junio de 2025

Confraternidad Indígena Vicentina civicentina@gmail.com