En las últimas semanas, El Salvador ha vivido una preocupante oleada de represión contra organizaciones no gubernamentales (ONG), defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. La comunidad nacional e internacional alza la voz ante un patrón sistemático de criminalización que pone en riesgo no solo la democracia, sino la vida y dignidad de los más vulnerables.
Un giro autoritario contra la sociedad civil
Bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, El Salvador ha adoptado un rumbo cada vez más autoritario. En este contexto, las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos, trabajan por la inclusión de los empobrecidos, promueven la justicia social o simplemente ofrecen ayuda humanitaria están siendo blanco de ataques institucionales y campañas de desprestigio.
Los casos recientes son alarmantes: la detención arbitraria de Ruth Eleonora López, abogada y activista de la organización Cristosal; la captura del abogado defensor de derechos humanos Alejandro Henríquez; y la criminalización del pastor evangélico Ángel Pérez, comprometido con comunidades empobrecidas. Estas acciones no solo violan garantías fundamentales, sino que envían un mensaje intimidante a toda la sociedad civil.
La Ley de Agentes Extranjeros: un instrumento de silenciamiento
El epicentro de esta ofensiva institucional es la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, una legislación que obliga a toda organización que reciba fondos internacionales a registrarse como «agente extranjero», impone un impuesto del 30% a las donaciones y prevé fuertes sanciones en caso de incumplimiento. Este tipo de legislación ha sido utilizado en otros contextos —como Rusia y Nicaragua— para cerrar ONG, controlar a la prensa y sofocar el disenso.
Aunque muchas organizaciones en El Salvador ya operan legalmente y están auditadas, esta nueva ley es percibida como un intento de asfixiar económicamente a quienes trabajan por los derechos humanos y de etiquetar como “enemigos del Estado” a quienes colaboran con agencias internacionales o entidades religiosas solidarias.
99 organizaciones sociales alzan la voz
Ante esta situación, 99 organizaciones sociales, eclesiales y humanitarias han emitido un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación por el clima de represión, y denuncian que:
“La criminalización y represión del trabajo de las organizaciones no gubernamentales que actúan en favor de los derechos humanos, de la justicia y de la paz, es una muestra de intolerancia frente a la pluralidad democrática.”
Las organizaciones firmantes destacan que muchas de ellas “acompañan a comunidades empobrecidas, víctimas de violencia, desplazamiento forzado o despojo de tierras”, y que su único interés es promover la justicia social y el bien común. También denuncian que la estigmatización promovida desde el gobierno “pone en riesgo a cientos de personas defensoras, trabajadores sociales y comunidades enteras”.
El comunicado concluye con un llamado firme:
“Reiteramos nuestro compromiso con el pueblo salvadoreño, especialmente con las comunidades más excluidas, y exigimos el respeto al derecho a defender derechos, a la libertad de expresión y de asociación.”
Llamado a la solidaridad y a la defensa de la dignidad humana
Como creyentes, ciudadanos y defensores de la justicia, no podemos callar ante estos hechos. Cuando se ataca a quienes luchan por los derechos de los pobres, se ataca también el corazón del Evangelio, que nos llama a estar del lado del oprimido, del excluido, del hambriento, del que no tiene voz.
Hoy más que nunca, es urgente alzar la voz en defensa de todas las organizaciones sociales, cristianas y comunitarias que, en condiciones muchas veces adversas, trabajan para paliar y revertir la situación de los empobrecidos. No se puede permitir que la solidaridad sea perseguida ni que la justicia sea criminalizada.
Defender la dignidad de los pobres es defender la esperanza de toda la humanidad.
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